Chihuahua, a 6 de noviembre – El secretario general de gobierno, Santiago de la Peña, expresó su indignación ante lo sucedido: «Resulta paradójico que la federación descuide el mantenimiento de las carreteras y no realice obras importantes en el estado de Chihuahua. Y cuando finalmente envían a una empresa, esta actúa de manera irresponsable, contaminando una fuente vital para las poblaciones cercanas. Estamos más preocupados por la jirafa que por los seres humanos a quienes debemos proteger».
Lo anterior ante un preocupante incidente de contaminación ambiental, una empresa contratada por el gobierno federal ha vertido material de asfalto en el lecho del río San Pedro, principal fuente de agua potable para varias comunidades cercanas al municipio de Satevó. El hecho ha generado una gran inquietud en la región, donde el recurso hídrico ya escasea.
La alcaldesa de Satevó, por su parte, informó que se comunicó con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), quien le manifestó que no disponían de personal para atender la situación. La alcaldesa fue referida entonces a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), donde le señalaron que debía presentar una denuncia por escrito y esperar hasta el próximo lunes 6 de noviembre para que pudieran intervenir.
Ante la falta de respuesta de las autoridades federales, el gobierno del estado tomó la iniciativa junto con el municipio de Satevó para identificar y obligar a los responsables de la obra a limpiar el área contaminada en el lecho del río. Aun así, se advierte que la fuente de agua no podrá ser utilizada hasta que se realicen los estudios necesarios para determinar el grado de contaminación.
Este caso de grave contaminación ambiental, ejecutado por un proveedor del gobierno federal, pone en evidencia la ausencia de respuesta de las autoridades responsables, quienes deberían velar por la salud y el bienestar de los ciudadanos chihuahuenses. La población espera que se tomen las medidas necesarias para evitar futuros incidentes similares y para garantizar la calidad del agua que consumen.
Las comunidades afectadas y los grupos de defensa del medio ambiente exigen que se tomen acciones legales contra la empresa responsable, así como una mayor diligencia por parte de las autoridades federales en la protección de los recursos naturales y la salud de los habitantes.